La
atenuación del conflicto vasco ha situado a toda una macroestructura
policial y judicial en una situación desconocida hasta el momento. El enemigo interno ha
optado por vías de intervención política que no son la armada, por lo
que todas las unidades, especialistas y partidas presupuestarias
destinadas para la lucha antiterrorista han de centrar parte de sus
esfuerzos en otros objetivos o se verán abocadas a la desaparición. En
otras palabras, en el actual contexto de dificultad económica para miles
de trabajadores/as, la subsistencia completa de dicho engranaje depende
de la aparición en escena de nuevos adversarios domésticos ya sean
reales, ficticios o sobredimensionados.
La consecuencia de esto es que tanto el
movimiento anarquista como el movimiento de liberación nacional gallego
se encuentran desde hace unos meses en el punto de mira, pero ha sido
éste último quien ha sufrido los golpes más duros. Prueba de ello es que
en septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional condenó a penas de entre 10 y 18 años a cuatro
jóvenes gallegos/as por una supuesta pertenencia a una organización
terrorista, falsificación de documento público y, en el caso de dos de
ellos/as, tenencia de explosivos. Ninguno/a ha sido imputado/a o
condenado/a por haber realizado un atentado o una acción.
Esta sentencia ha suscitado tanta
polémica en Galicia como indiferencia en el resto del Estado. Diferentes
personas, asociaciones, colectivos y partidos políticos gallegos
(algunos con representación parlamentaria) de toda índole
(independentistas, libertarios, pro derechos humanos, etc.), algunos de
los cuales no mantienen en absoluto una afinidad ideológica con el
movimiento independentista gallego, han expresado su rechazo a una
condena que consideran “desmesurada”, “excesiva” e
injustificada. No han podido evitar alarmarse y enojarse ante esta
situación, que algunos/as equiparan a la aplicación de leyes de
excepción. Con independencia de la ideología que tenga cada uno/a, se
está extendiendo la idea de que la rueda de la represión ha demostrado
que no puede parar de girar, y depende de todos/as romper el aislamiento
informativo que existe sobre lo ocurrido y reducir sus efectos.
A los pocos días, el PP de Galicia ha anunciado que va a promover iniciativas de “rechazo expreso y de lleno” a
cualquier manifestación o actividad de apoyo a los/as condenados/as. Y,
por su parte, distintos Juzgados Centrales de Instrucción, adscritos a
la Audiencia Nacional, han llevado a cabo imputaciones por apología del
terrorismo a personas que han tratado de denunciar públicamente el
nuevo escenario represivo.
Mientras escribimos estas líneas, los
abogados de los/as condenados/as se encuentran preparando el pertinente
recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia, con la esperanza
de poder atenuar sus efectos. Veremos qué ocurre.
Extrado de: Todo por Hacer http://www.todoporhacer.org
CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ANTAGONISTAS
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